Anomalías por 2 mil 131 millones 198.20 pesos encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública del gobierno de Puebla que encabeza, Rafael Moreno Valle Rosas, durante el ejercicio 2012. Entre las irregularidades destacan el subejercicio de fondos en seguridad pública, pagos a trabajadores de planteles que están dados de baja o recursos destinados a objetivos que no corresponden a los programas, además de la falsificación de rúbricas de beneficiarios de mototractores.
24/02/2014 04:02
por Martín Hernández Alcántara
por Martín Hernández Alcántara
El rubro educativo es uno de los que tiene más señalamientos del órgano federal sobre la administración morenovallista.
Por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, por el cual la Federación hace transferencias a las haciendas públicas de los estados, el Distrito Federal, y en su caso de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que establece la Ley de Coordinación Fiscal en lo general y la Ley General de Educación en sus artículos 13 y 16, en lo particular, la ASF detectó las siguientes debilidades y deficiencias en el ejercicio del gobierno de Moreno Valle:
“Persiste un problema importante respecto a la calidad educativa, en virtud de que en 2012 el 58.3 por ciento de los alumnos de primaria tuvieron un resultado insuficiente o elemental en español y el 53.1 por ciento en matemáticas; en secundaria, dichos porcentajes fueron de 79.9 por ciento y 77.6 por ciento, en ese orden. El 33.3 por ciento de los docentes afirmó que la escuela no dispone de las instalaciones y equipamiento suficientes para impartir sus clases; 66.7 por ciento dijo que las condiciones físicas de la escuela eran buenas o regulares; asimismo, consideran que al interior de la escuela los principales factores, por orden de importancia, que afectan la calidad educativa, es el equipamiento de las aulas, el mobiliario, el material pedagógico y los grupos numerosos”.
Asimismo, “no hay atención para regiones y grupos con desventaja para los que acusan mayores niveles de marginación en los que, a pesar de tener una cobertura importante, la dispersión poblacional obliga a la utilización de sistemas alternos de atención con mayores limitaciones y menores resultados, además de que en las escuelas se registran mejores condiciones de infraestructura y equipamiento, por lo que no se han obtenido ni la cobertura ni los resultados de calidad establecidos a nivel nacional”.
Además, “en lo que respecta en la implementación y aplicación de la tecnología, no cumple su objetivo que es impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento, por lo que presenta una deficiencia para cubrir las necesidades tanto de docentes como de alumnos para el desempeño educativo del estado de Puebla”.
El dictamen de la ASF a la administración morenovallista es contundente: “No se cumplieron disposiciones normativas en los resultados que se refieren principalmente a 134 millones 821.3 mil pesos por los pagos de conceptos de gastos que no corresponden a los fines y objetivos del fondo. (Hubo) 58 millones 208.6 mil pesos por pagos a trabajadores adscritos en un centro de trabajo dado de baja, centros no financiables y centros no identificados en el catálogo autorizado y 45 milones 239.7 mil pesos de comisión indebida con goce de sueldo a trabajadores en la secciones sindicales 23, 51 y el CEN del SNTE, y a trabajadores adscritos en centros de trabajo con clave “21AGS0001C Personal comisionado al SNTE”.
Los motocultores
El programa estelar del Poder Ejecutivo estatal para el campo, la entrega de motocultores, presenta anomalías tan graves como la presunta falsificación de firmas de los supuestos beneficiarios.
“El gobierno del estado de Puebla no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados donde se destaca que otorgó 65 millones 937.7 mil pesos a diversas instituciones privadas para la adquisición de maquinaria agropecuaria, no obstante que su aplicación se debió utilizar para el equipamiento de la entidad, en beneficio público”.
La ASF advierte que los motocultores “fueron adquiridos con dos proveedores de un mismo grupo, y se entregaron de manera gratuita a los beneficiarios aun cuando las Reglas de Operación que regulan el programa establecen como una obligación de éstos la de aportar una parte del costo de los bienes”.
Señala también que los agricultores no tuvieron el derecho para elegir las características, marca y proveedores de la maquinaria, amén de que “los precios a los que se adquirieron los motocultores fueron superiores a los de otros equipos con características similares”.
Sobre la falsificación de signaturas se apunta que un perito en grafiloscopía dictaminó que las firmas de la credencial para votar de 168 expedientes no tienen el mismo origen gráfico las de algunos documentos contenidos en los expedientes de los apoyos.
“Los proveedores de los equipos presentaron como vigente en 2012, un certificado del Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), el cual había sido cancelado en 2011; además, el modelo del motocultor entregado a los beneficiarios no corresponde al que en su momento ostentaba la certificación del referido organismo”, se indicó.
La seguridad
En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal , recursos que se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas del área; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los Policías Judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores, etcétera, las debilidades y deficiencias señaladas al gobierno de Moreno Valle por la ASF son las siguientes:
“En la entidad no se tiene implementado el Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia. En lo que respecta a los objetivos de fondo, éstos se cumplieron parcialmente debido a que no se cumplió con el 100 por ciento de las metas físico–financieras previstas para cada Programa con Prioridad Nacional, ya que al 31 de diciembre de 2012, sólo se había ejercido 37.6 por ciento de los recursos del fondo, y al 31 de marzo de 2013, 40.2 por ciento.
“No se contó con mecanismos y actividades de control suficientes que garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública 2012, suscrito entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Puebla. No se contó con expedientes de adquisiciones debidamente integrados. No existen controles respecto a la asignación de vehículos adquiridos con recursos del fondo. No existen mecanismos de control para la conciliación de cifras reportadas como ejercidas con lo efectivamente pagado”.
El dictamen del órgano fiscalizador federal apunta que “el gobierno del estado de Puebla no cumplió con las disposiciones normativas aplicables que se refieren principalmente a recursos ejercidos que no cumplieron con los fines de seguridad pública establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal por 6 millones 902.1 mil pesos, penas convencionales no aplicadas por 75.2 millones de pesos y recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2012 por 175 millones 589.3 mil pesos y al 30 de junio de 2013, fecha de la revisión, por 155 millones 335.7 mil pesos, que representaron 62.4 por ciento y 55.2 por ciento por ciento, con respecto de lo ministrado, así como rendimientos financieros por 7 millones 563.2 mil pesos”.
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