La determinación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respalda el decreto presidencial en el que se determina la disolución de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro deja una laguna jurídica, pues existe un decreto que da validez a dos empresas para que presten el servicio de energía eléctrica en el país, aseguró el tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Muñoz Ponce, quien, de visita en Guadalajara, agregó que queda en manos de los legisladores el determinar qué es lo que ocurrirá con el sindicato.
“El hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya declarado constitucional el decreto, no significa que sea legal, y mucho menos significa que estamos acabados, por que lo único que hizo la Suprema Corte de Justicia es crear una laguna jurídica por que la Ley del Servicio Público, en su artículo cuarto transitorio, que reconoce dos empresas del estado para la prestación del servicio eléctrico, simplemente se queda en indefinición jurídica”, dijo Muñoz Ponce quien recordó que será una labor de los diputados federales el determinar qué empresa será la que sustituya a Luz y Fuerza del Centro.
Agregó que ha existido un acercamiento de parte del secretario general del sindicato, Martín Esparza, con varias de las fracciones de la cámara baja, por lo que consideró que se cuenta con la mayoría suficiente para lograr que los diputados tomen una determinación que beneficie al SME.
El activista recordó que su sindicato presentó una propuesta para que sean los propios legisladores quienes determinen una “tarifa social” por el servicio de energía eléctrica y que no sea la Secretaría de Hacienda quien fije estos costos, situación que será definida el próximo dos de septiembre.
