6 febrero 2013
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F. (apro).- La impunidad mexicana es una de las más altas en el mundo. A los tribunales llega 95% de los casos y simplemente no son castigados. Si un delincuente de cuello blanco, negro, rojo o verde comete un crimen, sabe que difícilmente será castigado porque hay múltiples formas de evadir la justicia –todas vinculadas con la corrupción– o porque sabe que los aparatos de procuración de justicia simplemente no funcionan.
En las últimas semanas se presentaron tres casos que tienen que ver precisamente con la injusticia y la impunidad.
El primero en el Instituto Federal Electoral (IFE), con la investigación de los gastos de campaña; el segundo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con los casos Cassez y SME, y el tercero, con la explosión en la torre de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En los tres casos las instituciones judicial y electoral han dejado más dudas y críticas en sus investigaciones que certezas, acrecentando con ello la desconfianza ciudadana, que ya existe, hacia los aparatos de gobierno, los partidos políticos, los líderes y todas aquellas figuras públicas en las que ya no se siente representada.
Desde el caso Amigos de Fox y luego con la incapacidad, a propósito, mostrada para indagar todas las irregularidades de la elección de 2006, el IFE melló su credibilidad, que ahora ahondó con la falta de voluntad para castigar al PRI en el exceso de gastos de campaña de su candidato Enrique Peña Nieto –quien no reparó en dar dinero a las televisoras– y castigar a Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio se quejó de la contienda y la falta de vigilancia de la Unidad de Fiscalización del IFE.
Como sucedió con Amigos de Fox, cuando Alonso Lujambio se negaba a investigar a fondo la triangulación financiera, aduciendo que el IFE no tenía la capacidad para solicitar la apertura del secreto fiduciario, hasta que finalmente debió aceptar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigiera la plana, ahora el titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, de nueva cuenta alegó incapacidad para investigar el entramado internacional que usó el equipo de campaña de Peña Nieto –el Monexgate– para cubrir los millonarios gastos, y se dio por bien enterado y satisfecho de la comprobación que presentaron los priistas.
El IFE ya no es el organismo ciudadano que al principio se quiso que fuera. Es un instituto formado por representantes de los partidos políticos, y a ellos responden todos y cada uno de los consejeros. La imparcialidad con la que fue ideado cedió al juego de intereses, por lo que ya no tiene la confianza ciudadana.
Lo mismo pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 1995 igualmente perdió toda la confianza social, al aprobar el cobro de intereses sobre intereses –es decir la usura o el anatocismo– por parte de los bancos, a miles de ciudadanos que habían pedido un crédito hipotecario o para sus autos, sumiendo en una crisis a familias enteras.
En esa ocasión los ministros de la Suprema Corte prefirieron hacerle caso al presidente Ernesto Zedillo, en el sentido de ayudar a los bancos para no declarar en quiebra al país, que a los ciudadanos, quienes pedían que se respetara la Constitución en lo que se refiere a la prohibición de la usura.
A partir de entonces ha habido una serie de fallos que han minado la confianza y la credibilidad de la ciudadanía hacia la SCJN, algunos de ellos son la Ley Televisa, la liberación de Cassez y de los asesinos de Acteal, así como la indolencia ante miles de trabajadores electricistas que pidieron se les reconociera su derecho de trabajo.
La procuración de justicia tuvo en estos días un nuevo descalabro con las indagaciones sobre la explosión en las instalaciones centrales de Pemex. Con una versión que no convence a nadie y ofreciendo pruebas periciales a medias, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que una “explosión difusa”, ocasionada por una fuga de gas, fue lo que ocasionó el siniestro y la muerte de 37 personas.
Los ciudadanos de a pie, los que se informan por radio y televisión, los que viajan en transporte público, no creen en esta versión sustentada en peritos nacionales y extranjeros. La posibilidad de bombazos tiene más espacios en el imaginario popular que una explicación técnica.
La desconfianza sembrada y regada en años por yerros y decisiones sospechosas de la PGR, el IFE, la SCJN y otras instituciones impide que se tomen por ciertas o justas las investigaciones que se ha hecho en el transcurso de las últimas décadas.
Frente a este problema estructural, solo es posible recuperar la confianza y credibilidad ciudadana con acciones claras, trasparentes y justas, algo que se ve difícil en un sistema político basado en la protección de los intereses particulares sobre los colectivos.
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