Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirma que los cuestionamientos a raíz de la liberación de la francesa Florence Cassez se deben a que no se conocen los precedentes de la SCJN en materia de protección a los derechos de las víctimas y al debido proceso.
Lanzo una pregunta que pudiera pecar de cándida: ¿por qué los magistrados de la Corte no protegieron el derecho al trabajo de los más de 16 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)?
Fernando Quiroz Nácar
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