La Corte no sabe hacer justicia. La suya es la justicia de la injusticia
La del ministro Aguilar parece ser la teoría de “lanzar la piedra y esconder la mano”… El presidente puede, por decreto, desaparecer un organismo descentralizado, pero no ser responsable de las consecuencias. Llamarle a eso “causa de fuerza mayor” es un insulto a la inteligencia de todo un pueblo. Violar la Constitución pasando, encima, por sobre el derecho de los trabajadores de elegir entre ser despedidos mediante indemnización y ser reinstalados en su trabajo es una felonía.
Díptico-Arnaldo Córdova
1.- Esa mercancía llamada hambre. El hambre es un fenómeno que tiene que ver con la producción y la distribución. Se tiene hambre porque no se produce lo suficiente para alimentarse y se tiene hambre porque en la distribución de lo producido se tiene poco acceso o no se tiene acceso en absoluto a lo que es necesario para la alimentación. En un sistema como el nuestro, de extremada concentración de la riqueza y de descuido sistemático de la producción de alimentos y su sustitución por la importación de los mismos, el hambre es una consecuencia necesaria e irremediable. Con la especulación que todo ello acarrea, tenemos, así, que el hambre se convierte en una mercancía más.
El gobierno que quiera de verdad enfrentar el problema del hambre tendrá que resolver los ingentes problemas que son generadores del fenómeno, tanto en la producción como en la distribución de alimentos. Eso, empero, es sólo el principio. Después tendrán que crearse las condiciones para que los necesitados de alimentos tengan con qué obtenerlos. Los que sólo dependen de la venta de su fuerza de trabajo deberán obtener ingresos suficientes para abastecer sus despensas; los que trabajan la tierra y viven de ella deberán tener todas las facilidades para hacerla producir. Todo ello quiere decir salarios suficientes y oportuna refacción y atención de servicios al campo.
Ahora que se anda poniendo todo el tiempo como ejemplo a Brasil, habría que ver lo que el gobierno de Lula hizo con su programa Fome Zero (Hambre Cero) para acabar con el hambre. En primer lugar, emprendió un programa de largo plazo para aumentar permanente y consistentemente los salarios, sobre todo los más bajos. En segundo lugar, desarrolló otro proyecto para poner al alcance de la población de más bajos ingresos las subsistencias que les eran precisas, mediante mecanismos de distribución y redistribución que utilizaban los cauces del mercado, pero que mantenían una política fija de precios y de abastos. Finalmente, logró encauzar el movimiento de los Sin Tierra hacia una nueva reforma agraria que, donde era posible (y lo era en muchos lugares), proveía de ese medio indispensable a los trabajadores del campo. Todo ello, articulando decenas de programas específicos para los pobres e indigentes.
En México, Peña Nieto hizo público en Las Margaritas el decreto que establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SinHambre). Eso fue el 21 de enero pasado; al día siguiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación. En lugar de iniciativas concretas, hay un llamamiento a todos los sectores sociales y productivos para que colaboren en el proyecto. En su artículo segundo se enumeran los propósitos: cero hambre, eliminar la desnutrición infantil, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos, minimizar las pérdidas “post-cosecha” y promover la participación comunitaria.
En los siguientes artículos se hace mención de lo que será el elemento organizativo: una comisión intersecretarial, acuerdos integrales que no se sabe qué serán, un Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre y comités comunitarios. Todo ello, al parecer, para administrar los recursos que el programa requiera y que no se sabe tampoco de dónde habrán de salir.
Más burocracia y, con ella, más dispendio de recursos y cero resultados, como se puede anticipar. Se trata sólo de una bandera demagógica sin aliento ni sustento. Si Peña Nieto quiere saber cómo se lleva a cabo la lucha contra la miseria y el hambre, sólo tiene que estudiar la experiencia cardenista, con su amplia reforma agraria y su apoyo a los trabajadores de las ciudades y los campos.
2. La justicia de la injusticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue instituida por el Constituyente como el departamento del Estado encargado de decir el derecho de todos y cada uno de los mexicanos; pero no tanto de hacer pronunciamientos de carácter legal (“la ley dice esto”) como de realizar la justicia. Es importante para todos que tengamos un órgano que se dedica a esclarecernos lo que las leyes, en su relación con la Constitución, dicen y quieren decir y los objetivos a los que están dirigidas. Lo más importante, sin embargo, es que las injusticias se aclaren y se rediman. La Corte está pensada para realizar el derecho con justicia.
De acuerdo con ello, debería ser un modelo de buen funcionamiento y de probidad en sus funciones. Pero el Supremo Tribunal que tenemos en los hechos deja mucho que desear por sus excesos legaloides y su falta casi absoluta de educación filosófico jurídica que impide a sus miembros entender que su cometido es realizar la justicia. Lo ha demostrado muchas veces y el colmo ha llegado al revocar el amparo que el Sindicato Mexicano de Electricistas había obtenido del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo en contra del decreto presidencial que desapareció la paraestatal Luz y Fuerza del Centro y que obligaba a la Comisión Federal de Electricidad, en su condición de patrono sustituto, a recontratar a los trabajadores.
El alegato del ministro ponente, Luis María Aguilar, que sirvió de base a la resolución es un ejemplo de rabulería e ignorancia del derecho. Según él, el presidente de la República no es patrón de los trabajadores de los organismos descentralizados, porque éstos tienen su propio estatuto y se manejan autónomamente. Aparte de ni siquiera interesarse por el hecho de que, con todo y su autonomía, el presidente, por decreto, desapareció a LyFC, el ministro y todos los que le siguieron se pasaron por el arco del triunfo la teoría fundamental de nuestro principio constitucional de la división de poderes.
Según ellos, ahora tenemos “cuatro” poderes federales: los tres que ya conocemos y otro, la “Administración Pública Federal”, en la que estaba incluida LyFC, ignorando que la tal administración queda bajo la autoridad del Poder Ejecutivo y que éste es el responsable directo, frente a la nación y a los demás poderes, de todos y cada uno de los órganos que la constituyen (artículo 90 de la Carta Magna). Si es “Ejecutivo”, este poder lo es porque tiene bajo su mando a la Administración Pública Federal y es a través de ella que “ejecuta”. Cualquiera que haya cursado derecho administrativo lo sabe de sobra.
La del ministro Aguilar parece ser la teoría de “lanzar la piedra y esconder la mano”… El presidente puede, por decreto, desaparecer un organismo descentralizado, pero no ser responsable de las consecuencias. Llamarle a eso “causa de fuerza mayor” es un insulto a la inteligencia de todo un pueblo. Violar la Constitución pasando, encima, por sobre el derecho de los trabajadores de elegir entre ser despedidos mediante indemnización y ser reinstalados en su trabajo es una felonía. En su momento, el sindicato alegó que la fuente no desapareció, siguió ahí, funcionando y prestando el servicio. Lo que desapareció fue el nombre de LyFC. La empresa sustituta (la CFE) es, ni duda cabe, también el patrón sustituto.
La Corte no sabe hacer justicia. La suya es la justicia de la injusticia.
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