Dan formal prisión a ocho exfuncionarios por Estela de Luz

22 mayo 2013 
La Redacción 
Proceso

MÉXICO, D.F. (apro).- El juez Decimocuarto de Distrito en Procesos Penales en el Reclusorio Sur, Rubén Darío Noguera Gregoire, dictó formal prisión contra ocho de los 12 exfuncionarios de la paraestatal iii Servicios, por incidir para que el procedimiento de contratación de la obra de la Estela de Luz fuera a través de una invitación, en lugar de una licitación pública.

Los inculpados a quienes se inició el proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, dentro de la causa penal 115/2012, son: Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico; Juan Ricardo Díaz Ortega, exsubgerente de Construcción; Bernardo Garza Garza, exgerente comercial; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, exsubgerente de Concursos, y Ricardo Morales Jaramillo, exgerente de Administración y Finanzas.

En la lista también aparecen Sergio Salas Arellano, excoordinador de Mantenimiento Zona Centro; José Carlos Olivares Correa, exsubgerente de Contabilidad y Presupuesto, y Érick Treviño Lartundo, exsubgerente de Evaluación, Estadística y Mejora.

El abogado de los acusados, Gabriel Regino, señaló que sus clientes enfrentarán el proceso en libertad, debido a que el delito no es grave y porque, además, reactivaron la suspensión definitiva que el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal ya había dejado sin efecto.

De acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública capitalino, dicha suspensión volvió a tener vigencia porque sus clientes se presentaron el pasado jueves 16 a declarar ante el juez Noguera y pagaron una garantía de 5 mil pesos, requisitos que se les exigía en el tribunal unitario para gozar de la suspensión.

“La suspensión volvió a tener efectos, estamos a disposición del tribunal por lo que toca a la libertad personal y a disposición del juez por lo que toca al procedimiento, por tanto estamos sujetos a una suspensión definitiva y no hay la obligación de que el juez fije cauciones para gozar de la libertad provisional”, dijo Regino.

Añadió:

“Nosotros no vamos a solicitar las cauciones al juez porque su monto sería inasequible; la ley genera recursos para que podamos defender la libertad de nuestros defensos”.

Aunque la formal prisión puede ser apelada, el abogado de los inculpados adelantó que no recurrirán a ese recurso, sino al amparo, ya que una apelación eventualmente sería resuelta por el magistrado Enrique Escobar Ángeles, quien ordenó sus aprehensiones, aunque un juez antes las había negado.

Y reiteró que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) –que objetó que no se haya realizado la licitación bajo el argumento de que esa decisión originó que el costo de la obra se triplicara– tiene matices políticos ante el escándalo que generaron las irregularidades en la obra y el retraso del monumento proyectado para festejar el Bicentenario de la Independencia, en las cuales sus clientes no intervinieron.

Además de los ocho exempleados a quienes hoy se les dictó formal prisión, la PGR también implicó en el caso del llamado “Monumento a la corrupción” al exgerente administrativo y de Mantenimiento Inmobiliario, Mario Rodríguez González, y a los exsubgerentes Jurídicos Aarón Vázquez Figueroa y Rubén Enrique Arenal Alonso, así como a Ernesto Villaseñor García, extitular del Órgano Interno de Control de iii Servicios, una subsidiaria de Pemex que dependía de la Secretaría de la Función Pública (SFP).