Detrás de la propuesta de reforma al artículo 27 se ocultan grandes intereses económicos. De acuerdo con una especialista en derecho agrario, ya están en ciernes desarrollos turísticos a establecerse en 11 mil kilómetros de litorales en Colima, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas, proyectos en los que el capital extranjero tendrá un papel preponderante.
19 mayo 2013
Patricia Dávila
“Es una iniciativa desafortunada. ¡Es una barbaridad! No coincido para nada con la propuesta del diputado priista Manlio Fabio Beltrones de modificar el artículo 27 constitucional para que los extranjeros tengan propiedades próximas a playas y fronteras. Esto puede ser el comienzo de una serie de infiltraciones que violen la soberanía nacional. Acaba con la esencia del constituyente de 1917”, señala el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas.
La propuesta aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 23 de abril no sólo motivó la indignación del también profesor emérito de la UNAM, sino que dio pie a los comentarios de Bárbara Zamora, abogada experta en cuestiones agrarias, quien plantea:
“En vez de legalizar esto, lo que diputados y senadores deberían hacer es emitir una declaratoria de nulidad de todas las operaciones de compra-venta que se han hecho a la sombra de 48 mil fideicomisos autorizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). También debe declararse la inconstitucionalidad de la Ley de Inversiones Extranjeras que los promueven, porque es contraria a lo que establece la Constitución en cuanto a la prohibición expresa para que los extranjeros tengan una propiedad en el país.”
El artículo 27 en su fracción primera establece: “Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas.”
La modificación propuesta por el priista con el respaldo de sus pares panistas considera sustituir las últimas dos líneas de la fracción, que señalan: “…Por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”, por las siguientes: “…Los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas, en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales”.
Diputados de oposición subieron a la tribuna para exponer las razones de su negativa a que se realicen las modificaciones constitucionales. La diputada petista Loretta Ortiz Ahlf expuso que las playas son patrimonio de la nación, pero como se encuentran en poder de los hoteles, las cierran por completo y los particulares no pueden acceder a éstas. Añade que al permitir que los extranjeros posean playas, éstos pueden cercar su propiedad e impedir el paso incluso a efectivos de la Marina.
Ilegalidad
El diputado Ricardo Monreal, del Movimiento Ciudadano, considera que el dictamen aprobatorio es “un pobre ejercicio que no clarifica la prisa de entregar nuestras tierras cercanas a las costas y fronteras a los extranjeros. Esto se inscribe en una línea de reformas que vienen a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los nacionales. Los mexicanos no tenemos que pagar los daños colaterales de este grupo que intenta saquear y apoderarse de los bienes nacionales”.
Para la abogada Zamora, conocida por encargarse del caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, Beltrones trata de minimizar la reforma constitucional cuando, en realidad, ésta tiene un trasfondo muy perverso, pues pretende legalizar lo que en la actualidad es ilegal.
De acuerdo con la SRE, existen más de 48 mil fideicomisos mediante los cuales se otorgaron permisos para que los extranjeros se establezcan en una franja de 100 kilómetros de frontera y 50 de playas, zona actualmente prohibida o restringida por la Constitución.
Los fideicomisos, afirma Zamora, también son ilegales: “Se hicieron de manera ilegal amparados en la Ley de Inversión Extranjera (LIE) y en contra de lo que establece la Constitución. ¿Qué sucedió? Que la SRE, a través de esos mecanismos, autorizó la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
–¿En qué momento se estableció la figura del fideicomiso? –se le pregunta.
–La LIE fue publicada en la época del presidente Carlos Salinas, el 27 de diciembre de 1993. En su artículo 10 esta ley dice que los extranjeros, a través de fideicomisos, pueden adquirir tierras en las zonas prohibidas o restringidas siempre y cuando las destinen a actividades residenciales, a pesar de que lo prohíbe la fracción primera del artículo 27 constitucional. Entonces, si la Ley de Inversión Extranjera es anticonstitucional, todas las compras que se han hecho son ilegales.
“En lugar de estar legalizando lo ilegal, lo que tienen que hacer es una declaratoria de nulidad de todas las transacciones de compra-venta que se hicieron; asimismo, anular los fideicomisos y declarar la inconstitucionalidad de la LIE porque es contraria a lo que establece la Constitución en cuanto a la prohibición expresa para los extranjeros”, afirma.
Explica que en el único artículo transitorio de la reforma al 27, Beltrones dice que se deberán modificar las leyes correspondientes. Aunque no lo menciona se refiere a la LIE porque ya no sería a través de fideicomisos, sino que de manera directa los extranjeros podrían adquirir tierras en esa franja prohibida, afirma Zamora.
Y puntualiza: “Además, existe la llamada Cláusula Calvo, leyenda que se incluye en todas las escrituras y en todas las actas constitutivas de las sociedades en que participan extranjeros, quienes respecto de esos bienes se asumen como nacionales y renuncian a la protección de sus gobiernos en caso de algún conflicto. Esto está en el artículo 27 y no entra en la propuesta modificatoria de Beltrones”.
Asegura que con la modificación tratan de proteger a los inversionistas que están en las costas: “No conozco a todos los que están en las playas pero, por ejemplo, todos los de la Rivera Maya son españoles, como Barceló, y no con casa habitación, sino con fines comerciales, como los grandes desarrollos hoteleros. Existen programas de desarrollos turísticos para 11 mil kilómetros de litorales en Colima, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas”.
Los diputados y senadores, precisa, se arrogan facultades que no les corresponden para modificar la Constitución cada vez que les da la gana:
“No tienen la mínima idea de que la Carta Magna es la esencia del país. La Constitución de 1917 que tenemos fue producto de batallas sangrientas. En ese momento el pueblo optó por una forma de gobierno, una noción de país y cómo quería organizarse. También decidió cuáles derechos y libertades, tanto individuales como colectivas, consagraría en ese documento de gran importancia jurídica, política e histórica. Hay países en donde las constituciones son intocables Aquí la hacen como si fuera de plastilina”, lamenta la abogada.
–¿Habrá presiones?
–No. Más bien creo que habrá corrupción porque las empresas que invirtieron están en una situación ilegal, pero esto lo sabían desde el momento en que hicieron la compra. Es imposible que quien invierte millones de pesos o de dólares ignore las irregularidades de la operación. La propuesta de reforma de seguro tiene una motivación económica muy importante. Creo que Beltrones está operando para Salinas, quien promulgó esta Ley de Inversión Extranjera de manera inconstitucional. Por eso insisto en que es necesario emitir una declaratoria de nulidad para todas esas operaciones.
Ante el riesgo de que se viole la soberanía nacional, Zamora plantea: “De entrada estas empresas se están apropiando de todos los recursos naturales que existen en los litorales y en las playas de nuestro país. Por otra parte, en un futuro cercano tendremos bases militares extranjeras establecidas frente a las playas y fronteras. Eso sí, estarán disfrazadas de casas-habitación”.
–¿Resultará más fácil el trasiego de drogas?
–Creo que sí, porque con la propuesta de Beltrones las áreas ahora prohibidas estarán bajo el dominio de personas físicas o morales extranjeras. En realidad no sabemos quiénes están detrás de esta iniciativa, pero si se aprueba, los nombres podrían salir a la luz pública. En este sexenio desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria para dar paso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Intereses muy fuertes son los que mueven la reforma.
A comienzos de abril se anuló el Libro Segundo del Amparo Agrario que protegía a las comunidades y a los campesinos. Ahora son como cualquier particular. Les quitaron la posibilidad de ampararse en cualquier momento, a pesar de que en muchos casos, por la lejanía de los ejidos y comunidades, los campesinos o indígenas no se enteran de la invasión de sus tierras. Incluso no saben leer y escribir, mucho menos qué trámites legales deben realizar para defenderse. En el caso de los indígenas, el problema se complica aún más por cuestión de la lengua, pues muchos de ellos no hablan español.
En el pasado un indígena podía ampararse aunque hubieran transcurrido décadas desde que sus tierras fueron invadidas, porque no existía un tiempo límite, que ahora es de siete años.
–¿Cuáles son las implicaciones de la reforma al artículo 27 y de la eliminación del Amparo Agrario?
–Entiendo que hay muchos litigios –no sé cuántos y en cuáles ejidos establecidos en playas– por la posesión y propiedad de esas tierras pero, en el caso de la Ley de Amparo, si una empresa se apoderó de tierra ejidales y ya pasaron siete años, el ejido no se puede amparar, porque venció el plazo previsto por la ley.
–¿Eso tiende a la desaparición del ejido?
–Sí, porque les anularon el derecho a defender sus tierras de manera indefinida. No sé si los inversionistas de los 48 mil fideicomisos que han construido en playas carecen de la autorización de la asamblea ejidal o comunal. El problema es que ya no lo podrán hacer porque esta Ley de Amparo les quitó el beneficio jurídico para reclamar esas tierras. Hay que ver qué empresas se benefician ahorita y a las que quieren beneficiar al venir a invertir en costas y fronteras.
El tema de la reforma a la Ley de Amparo resulta igualmente preocupante e indignante para el constitucionalista Carrancá y Rivas: “La reforma limita la suspensión provisional. Rompe uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Juicio de Amparo de una enorme tradición histórica y jurídica en México. Afecta al quejoso, y si el quejoso es campesino, con mayor razón.
“Para eliminar el amparo agrario, los legisladores argumentaron que hay una serie de mecanismos que pueden atender los intereses de los campesinos, pero no hay como el amparo, porque planteaba la posibilidad de la violación de un derecho fundamental, de una garantía que protegía los derechos de los campesinos. Eliminarlo es un golpe, ¿por qué lo dieron? ¿Por ignorancia? ¿Por dolo? No lo sé, pero es un golpe a los intereses jurídicos del campesinado nacional. Las dos reformas me parecen una verdadera barbaridad”, afirma.
Por otra parte, no coincide “en lo más mínimo” con la modificación propuesta al artículo 27 constitucional. “En primer lugar se debió hacer un estudio comparativo con otros países, como Francia, Inglaterra, España o Italia, donde los extranjeros pueden comprar propiedades cercanas al mar. Eso hubiera servido como punto de referencia, no para que imitemos, pero sí para comparar criterios. Eso no se hizo y ahí veo un defecto”.
Explica que de aprobarse la reforma deberá ponérsele límites por medio de una ley reglamentaria. Pero si se le imponen muchas restricciones, ¿qué caso tiene hacer cambios? “¡Que se quede como está!”, considera.
–¿Cómo afectará a los campesinos que aún son propietarios de sus tierras?
–Es una idea desafortunada porque solamente se puede expropiar en los términos de la Constitución, del propio artículo 27, por razones de utilidad pública y previa investigación. Entonces yo no veo la utilidad pública para permitirle a un señor extranjero que compre una propiedad próxima al mar. Utilidad pública es una presa, una represa, un puente, una carretera que comunique a un poblado con otro.
–Ajijic, Jalisco, prácticamente pertenece a estadunidenses jubilados.
–Así es, por eso no estoy de acuerdo, porque pueden ser centro de infiltración de operaciones que puedan afectar la soberanía, y además le quitan espacio al nacional. Usted habla de Ajijic, pero hay muchos lugares más. Están Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde se siente usted en el extranjero. Los anuncios de los restaurantes, de las cafeterías, de las tiendas son en inglés. Una psicología totalmente anglosajonizada, si cabe el término. Es quitarle un espacio al mexicano. Es permitir infiltraciones a contracorriente con nuestra cultura y naturaleza.
También, añade, deben considerarse elementos geopolíticos y de orden cultural. Nuestra cultura y la estadunidense no son afines y en estas circunstancias se corre el riesgo de que predomine la más poderosa, la más fuerte.
“La cultura se transparenta en el idioma que hablamos. Si voy a Puerto Vallarta, desde un punto de vista idiomático mi cultura está totalmente relegada a un tercero o cuarto planos. Esta especie de mestizaje, que en rigor no lo es, o de cohabitación, metafóricamente hablando, se hace muy difícil al considerar las características de nuestras etnias, que chocarían evidentemente de manera frontal y abierta con esta presencia extranjera. El Senado aún no aprueba la reforma al artículo 27 constitucional. Ahí podemos dar la batalla”, remata.
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