Denunciarán a Calderón en la CIDH por extinción de Luz y Fuerza

ROSALÍA VERGARA
21 DE MAYO DE 2013 
proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpondrá el próximo viernes 24 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el el expresidente Felipe Calderón por la presunta violación de los derechos humanos de los electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en 2009.

En rueda de prensa, Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del SME, indicó que este miércoles 22 una comisión sindical viajará a Washington, DC, sede de la CIDH, para señalar directamente a Calderón por ordenar la extinción de la paraestatal, dejando en el desempleo a 22 mil trabajadores.

Además, recordó que desde hace más de tres años y medio el sindicato lleva a cabo una lucha jurídica, civil y pacífica por la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente en octubre de 2009.

Montes de Oca recordó que el 13 de septiembre pasado el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo otorgó al SME un amparo que ordenaba la reinstalación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como patrón sustituto.

El amparo, destacó, “se convertía en una oportunidad histórica del gobierno mexicano para solucionar un conflicto de más de tres años y medio, restituyendo sus derechos a miles de trabajadores electricistas, pero un acto de ilegalidad e injusticia, ocurrido el 30 de enero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revocó ese amparo”, se quejó.

Luego de agotar las instancias internas, decidieron acudir ante la CIDH para acusar a Calderón, a los 11 ministros de la SCJN y a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Trabajo, Energía, Economía y Hacienda durante la gestión calderonista.

Asimismo, a las entonces autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y CFE por violar los derechos humanos de los electricistas, entre ellos a la seguridad social, a la salud, a las garantías judiciales y a la libertad de asociación.