La autoridad del gobernador aliancista Rafael Moreno Valle Rosas sobre el Congreso local durante la Legislatura de transición que concluyó ayer fue superior a la que ejerció el priista Mario Marín Torres sobre los diputados locales en su sexenio, pues mientras el primero logró la aprobación de 98 por ciento de las iniciativas turnadas, su antecesor en el cargo alcanzó 95 por ciento, según datos oficiales.
15 de enero de 2014
Publicado por Mónica Camacho
La diferencia entre una gestión y otra fueron los numerosos tropiezos cometidos por los diputados que acompañaron a Moreno Valle en la primera mitad de su sexenio, ya que tres reformas impulsadas por el mandatario local y aprobadas por los representantes populares debieron corregirse por tener vicios de inconstitucionalidad.
Por otro lado, la Legislatura recién concluida tuvo mayor apertura con las iniciativas que promovieron los diputados, pues de las 396 proyectos presentados y aprobadas entre 2011 y 2013, 55 por ciento tuvieron como autores los propios representantes populares, mientras en el periodo parlamentario anterior, que coincidió con los últimos tres años de gobierno de Mario Marín, el número representó 38 por ciento del total.
Gerardo Mejía Ramírez, quien fue responsable del trabajo parlamentario en el segundo semestre de 2013 al presidir la Mesa Directiva, reconoció que los representantes populares le quedaron a deber a los ciudadanos un mayor equilibrio de poderes.
“Desafortunadamente muchos compañeros dieron a las iniciativas del Ejecutivo una aprobación en automático y no las sometieron al análisis que requerían, como sí lo hicieron con las propuestas de los diputados, algunas de las cuales tardaron hasta seis meses en ser dictaminadas”, expuso el priista.
Para Mejía lo rescatable de la LVIII Legislatura fue la actividad parlamentaria de quienes fueron sus compañeros de curul, ya que hubo un incremento considerable en las iniciativas aprobadas para los diputados.
Sólo tres pendientes para RMV
Moreno Valle logró el aval del Congreso para 170 iniciativas presentadas en la LVIII Legislatura, a través de las cuales se reformaron diversos ordenamientos y recibió autorización para contratar líneas de crédito e impulsar proyectos para la prestación de servicios (PPS), a favor de su administración y de los municipios del estado.
Mejía aseguró que en tres años se validó 98 por ciento de las propuestas que impulsó el titular del Poder Ejecutivo del estado, ya que sólo quedó pendiente la aprobación de por lo menos tres proyectos.
Los diputados salientes dieron luz verde al mandatario local para comprometer 17 mil millones de pesos de recursos públicos en la contratación de tres líneas de crédito y la construcción de PPS, pero se desconoce el monto ejecutado, ya que los legisladores señalaron que la autoridad no adquirió la totalidad de la deuda autorizada.
La única línea de crédito que no prosperó ascendía a 3 mil millones de pesos que Moreno Valle solicitó para el arranque de las nuevas administraciones en los 217 municipios del estado. La petición de deuda se mandó a la congeladora por la oposición de la bancada priista, la cual señaló que el tema debe ser atendido por los legisladores que rendirán protesta de cargo este día, debido a lo cual la iniciativa forma parte de los 255 proyectos que heredará la LIX Legislatura.
En tanto, de los 396 iniciativas aprobados entre 2011 y 2014, 221 fueron impulsados por los representantes populares, lo que equivale a 55 por ciento del total, según el informe que presentó el panista Mario Riestra Piña, ex presidente de la Junta de Gobierno.
A su vez, Mario Marín logró en la segunda mitad de su sexenio la aprobación de 140 iniciativas, lo que representó 95 por ciento del total de proyectos que impulsó durante la LVII Legislatura con mayoría priista, según una revisión hemerográfica realizada por este diario, en la que se señalan 10 proyectos del Poder Ejecutivo que quedaron pendientes.
En el trienio 2008–2011 se aprobaron en total 289 iniciativas de un total de 439 presentadas. Las seis fracciones el PRI, el PAN, el PRD, el Panal, el PT y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) lograron el aval del pleno en sólo 111 proyectos, lo que representó 38 por ciento de las 289 propuestas aprobadas.
Tres a uno
Los reveses jurídicos que enfrentó la LVIII Legislatura en el ejercicio de su labor parlamentaria fueron superiores a los registrados en el periodo anterior, pues de 2011 a 2014 se echaron abajo dos reformas y una más está en litigio, mientras en el trienio 2008–2011 sólo se corrigió por instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto aprobado en materia electoral.
Una de las enmiendas que se echó abajo en la LVIII Legislatura se consideró un ataque a los derechos conquistados en materia de transparencia, debido a que el Congreso avaló en 2011, a propuesta del gobierno del estado, una nueva disposición que pretendía obligar la entrega de información comprobatoria del gasto público y la relativa a la operación recaudatoria en forma impresa y certificada con costo de 80 pesos por foja.
La SCJN admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) y poco antes de que emitiera una sentencia el gobernador de Puebla presentó una iniciativa al Congreso para eliminar el candado de la Ley de Ingresos y disminuir el costo de las copias certificadas de 80 a 20 pesos.
La segunda reforma electoral corregida se interpretó como un golpe al grupo panista de El Yunque, con el que Rafael Moreno Valle coexistió los primeros dos años de administración hasta que logró la remoción de la figura más visible de ese sector albiazul: el ex dirigente estatal panista Juan Carlos Mondragón Quintana.
La tercera enmienda tachada de inconstitucional continúa en litigio y consistió en modificar la Ley de Agua para el estado, con el fin de concesionar el servicio de agua potable de forma discrecional, según diversos especialistas. El proyecto lo corrigió el Congreso pero organizaciones ciudadanos lo llevaron a los tribunales acusando que mantiene apartados contrarios a la Constitución del país.
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