Le contaba aquí el miércoles de las acusaciones de soborno contra un alto directivo de la Comisión Federal de Electricidad que ya investiga la justicia de Texas y que, según el periódico Houston Chronicle, involucran a Néstor Moreno, funcionario al que dos empresas estadounidenses habrían regalado un Ferrari, un yate y miles de dólares para que las favoreciera con contratos
. También le informé que Moreno, muy indignado, rechazó las acusaciones y solicitó el lunes pasado licencia temporal como director de Operaciones de la CFE para defenderse en tribunales y probar su inocencia.
Pero resulta que el pasado de Moreno tiene —según dichos y denuncias públicas de diputados del PAN de la Legislatura 59, que fue la que lideró Felipe Calderón— otros hechos de corrupción dentro de la misma CFE. En el Diario de Debates de la Cámara baja se puede consultar la versión transcrita de la sesión del 25 de julio de 2002 en la que el entonces diputado blanquiazul Miguel Bortolini Castillo presentó documentos de la Contraloría Interna de la CFE con los que sustentó que Moreno —funcionario de la Dirección de Operaciones al menos desde 1998— otorgó contratos a la empresa SENSA, Control Digital S.A. de C.V., cuyo propietario —aseguraba el legislador— era el mismo Moreno pero con prestanombres.
Curiosamente, la lectura de los documentos de la Contraloría Interna de la CFE y de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), estuvo a cargo del también diputado del PAN Francisco Blake Mora, hoy secretario de Gobernación de Felipe Calderón. El entonces diputado Bortolini también dijo en aquella sesión que el 19 de marzo de 1998 Moreno fue demandado ante la PGR por las irregularidades detectadas en la CFE y porque ocupaba un cargo directivo no obstante haber sido inhabilitado por 10 años por la Secodam.
Con este caso podrá ver usted que personajes como el hoy señalado por la justicia estadounidense, navegan en el mar de la corrupción y la impunidad igual en el gobierno priísta de Ernesto Zedillo que en los panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, periodos en los que han estado al frente de la paraestatal Rogelio Gasca Neri y Alfredo Elías Ayub.
La CFE es la empresa paraestatal que ahora nos ponen como referente de eficiencia y transparencia para justificar la extinción de Luz y Fuerza, y de la que el entonces diputado panista Bortolini decía: “Si se sanearan sus finanzas y al mismo tiempo se llevara a cabo una limpia de funcionarios venales y corruptos que desgraciadamente abundan en esa paraestatal, no sería necesaria ninguna inyección de capital privado”.
Instantáneas
1. DESACUERDO. La asociación civil Iluminemos México recordó ayer que sólo uno de los 74 puntos del Acuerdo Nacional por la Seguridad firmado el 21 de agosto de 2008 tenía un tiempo de ejecución mayor a los dos años. Por eso consideró que el próximo sábado los mexicanos deberíamos estar amaneciendo en un país más seguro. Pero nada más lejano a ese objetivo. “El problema es que nunca hubo un compromiso ni voluntad de los tres poderes ni de los tres niveles de gobierno... por la sencilla razón de que nunca hubo acuerdo”. Por eso, razona, si hace dos años no se logró el acuerdo ¿por qué ahora sí se logrará en las mesas del Diálogo por la seguridad? Iluminemos México de plano acepta que Calderón no logrará ese acuerdo. No lo atribuye a incapacidad, sino a una “clase política que no está acostumbrada a los acuerdos porque vive de los desacuerdos”. ¿No serán las dos cosas?
2. FRACASO. Francisco Suárez Dávila presentó el miércoles el libro La reprivatización bancaria fracasada, tragedia nacional en tres actos, editado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. El título lo dice todo. Para quien fuera subsecretario de Hacienda en el gobierno de Miguel de la Madrid ese fracaso se refleja en la incapacidad de la banca de apuntalar el crecimiento de la economía.
3. CORTE Y REFORMA. El Poder Judicial de la Federación editó el libro La Corte y la reforma del Estado, del ministro de la Corte Sergio Valls. Sus reflexiones se centran en las reformas planteadas para el Poder Judicial, pero llaman la atención los análisis que hace desde el punto de vista constitucional de la reelección en el Congreso y, sobre todo, de los escenarios en que debe decretarse un Estado de emergencia.
