El PRI urge a que el Ejecutivo envíe la iniciativa que permitiría juzgar a uniformados en tribunales civiles, cuando haya abusos.
CIUDAD DE MÉXICO (08/SEP/2010).- El aún confuso incidente que el pasado domingo por la noche le costó la vida a un padre y a su hijo por disparos de militares en una carretera de Nuevo León, fue el marco propicio para que bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, urgiera al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a cumplir con su compromiso de enviar la iniciativa para reformar el fuero militar.
El nuevo coordinador del PRI en la Cámara alta, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que aún cuando no hay “una fecha fatal” para el envío de este proyecto, Calderón Hinojosa reiteró, durante la reunión que mantuvo, el lunes, con la cúpula del tricolor su interés por modernizar el fuero militar.
Beltrones Rivera confirmó que Calderón Hinojosa explicó en la reunión que ya giró instrucciones al secretario de Gobernación, Francisco Blake, para que afine la iniciativa, con la cual el Gobierno federal busca atender la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Radilla.
Precisamente, ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el dictamen que presentó el ministro José Ramón Cossío en el que planteó acatar la sentencia de la CIDH contra México en el referido caso, en la que se señala que los militares que cometan delitos contra civiles en sus tareas de seguridad y de combate al crimen, deben ser juzgados por civiles y no por autoridades castrenses.
Después de cuatro sesiones de discusión, el alto tribunal acordó retirar este caso de su agenda de discusión, para elaborar un nuevo dictamen en el que se analice con mayor profundidad la sentencia de Radilla, a fin de estar en posibilidad de determinar si la sentencia le fija al Poder Judicial de la Federación obligaciones directas que tiene que cumplir.
En caso de referencia se remonta al año 1974, cuando el líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco desapareció en un retén militar en México. Radilla luchó por mejorar la salud y educación en Guerrero.
Décadas más tarde, este caso no resuelto por las autoridades judiciales mexicanas llegó a las cortes internacionales y resulta un caso paradigmático de las acciones gubernamentales de la “guerra sucia”, un período en los 60’s y 70’s en que los regímenes utilizaron la fuerza militar para aplastar movimientos de la oposición.
En este contexto, el PAN defendió en un arduo debate en la Cámara de Diputados la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
A lo largo de un debate de más de hora y media, las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), PAN y Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron la misión del Ejército y el marco constitucional de sus operaciones.
Por su parte, los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) arreciaron sus críticas a la actuación de los militares, reclamaron su vuelta a los cuarteles, y exigieron el inmediato retiro de los retenes militares.
Cifras de seguridad
Al alza, delitos patrimoniales
36.1% de las incidencias en 2009 en todo el país, corresponden a los delitos que atentan contra el patrimonio, según reveló la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal del Instituto Nacional de Estadístia y Geografía.
25.2% fue el índice de incidencias que atentan contra la vida y la integridad corporal, seguidos de los que atentan contra la seguridad colectiva, con 5.6 por ciento.
1.3% fue la incidencia de los delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, similar a la de los delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Salud. Los delitos sexuales registraron 1% y los relacionados con la libertad personal, un 0.2 por ciento.
135 mil 55 personas integraron las funciones operativas de seguridad pública en 2008, de los cuales 90% fueron hombres y el resto mujeres.
32 mil 519 personas conformaron la justicia municipal, de acuerdo a cifras del Inegi, de estos, 86% fueron hombres y 14% fueron mujeres. De este total, 73% correspondió a policías, 10% a jueces y 8% a administrativos.
Un millón 840 mil intervenciones de la Policía se registraron en 2008, lo que es equivalente a 842 intervenciones de la Policía promedio al año. De ese total, un millón 323 mil 223 fueron presuntas infracciones (72%) y 517 mil 857 correspondió a presuntos delitos (28 por ciento).
CRÉDITOS: Informador Redacción / RMP
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