Militares asesinaron el domingo pasado en las inmediaciones de Monterrey a Vicente de León Ramírez, de 45 años, y a su hijo Alejandro de León Castellanos, de 15. Regresaban de una fiesta a las nueve de la noche con otros cinco integrantes de su familia que resultaron heridos al ser tiroteados cuando transitaban por la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura de Apodaca.
El Ejército, a diferencia de hechos similares ocurridos recientemente, aceptó inmediatamente una equivocación. Sólo argumenta en su descargo que el automóvil de la familia De León Castellanos no acató la orden de parar en el retén montado a un lado de la autopista, aunque Ileana, de 24 años, cuyo padre y hermano murieron en el ataque, rechaza que haya habido retén y asegura que los militares les dieron alcance, los rebasaron y les dispararon.
La PGR ha iniciado la investigación ministerial correspondiente, en tanto que la CNDH empezó la suya. El segundo visitador, Marat Paredes, buscará determinar si había o no un retén militar, aunque el hecho de que lo hubiera no debería ser una atenuante.
La aceptación inmediata de un error sugiere que probablemente este caso (otra de las cantaletas que hace días decía Felipe Calderón que lo empezaban a cansar) sí derive en un castigo a los responsables, con lo que demostraría que sí se imparte justicia y se relegarían los otros cometidos en circunstancias similares.
El caso es que otra vez tropas adscritas a la IV Región Militar, al mando del general de división Guillermo Moreno Serrano, se ven involucradas en la muerte de civiles inocentes. Recuérdense, por ejemplo, la de los dos estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey caídos en una refriega protagonizada por una unidad militar de la 7° Zona, al mando del general de brigada Cuauhtémoc Antunez Pérez; y la de dos niños que transitaban con sus padres, también en la autopista a Nuevo Laredo, muertos por una patrulla de la 8° Zona al mando del general de brigada Lucino Carlos Piedra Lezama.
Hay, sin embargo, otros casos que parecen perderse en el olvido, ocurridos en otros de los estados más sacudidos por este tipo de hechos, Chihuahua. Uno es el secuestro y asesinato de Saúl Becerra Reyes y la desaparición de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. El primero fue detenido en Ciudad Juárez el 21 de octubre de 2008 y remitido junto con otras cinco personas al 20° Regimiento de Caballería Motorizada. Cinco días después fueron presentados al MP solamente los otros cinco detenidos. El cadáver de Becerra Reyes fue encontrado cinco meses después de su detención. Entre tanto, los hermanos Guzmán Zúñiga fueron desaparecidos, también en Juárez, presumiblemente por militares. Las tropas que podrían tener responsabilidad en ambos hechos están adscritas a la 5° Zona Militar, que comanda el general Felipe de Jesús Espitia (quien recientemente declaró que los soldados no son verdugos de nadie) y que están adscritas a la XI Región Militar al mando del general Mario Marco González Barreda.
No es que con estos señalamientos se pretenda defender criminales o desalentar el combate a la delincuencia organizada. Lo que se busca es exigir el esclarecimiento de estos hechos para bien del Ejército mismo. El elevado número de muertos en esta llamada “guerra” (28 mil en cuatro años según las cifras más recientes) obliga a la más absoluta transparencia informativa. Y lo mismo debe ocurrir con los casos de las desapariciones. Fueron 3 mil entre 2006 y 2010 de acuerdo con datos del propio gobierno, y de ellas —si nos atenemos a la información de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos—, 400 obedecen a razones políticas; 500 a mujeres y niños víctimas de la trata de personas y 2 mil 100 por asuntos vinculados al narcotráfico.
