Se reunieron en San Lázaro con el Secretario de Gobierno, Héctor Larios, los legisladores Miguel Pompa y Gerardo Fernández.
kisoco mayor
Ciudad de México
Octubre 7 de 2010. Jueves
En la reunión que sostuvieron los diputados Miguel Pompa y Gerardo Fernández Noroña con el secretario de Gobierno Héctor Larios, "quedó claro que había una determinación del gobierno del Estado de Sonora de reprimir a los mineros de Cananea, de ejercer una venganza política y de ponerse del lado del Grupo México".Así lo manifestó el diputado Fernández Noroña en la tribuna de la Cámara de Diputados, al exponer las dos propuestas que la comisión de asuntos mineros puso a consideración del pleno cameral.
En primer lugar, la liberación de los mineros procesados por motivo del enfrentamiento en Cananea el 7 y 8 de septiembre; y el castigo a los verdaderos responsables de accionar las armas de fuego esos días.
Así como la solicitud para citar al secretario de Gobernación a la Cámara baja y a los representantes del Grupo México y del Sindicato Nacional Minero, para que en una mesa de negociación se acuerde una solución definitiva a los litigios de Cananea y la Fundidora de Esqueda.
Durante su intervención, Fernández Noroña hizo un recuento de los hechos en Cananea, Sonora, cuya mina de cobre tiene ya tres años en huelga; y el Grupo México, quien tiene la concesión para explotar la mina, persiste en no reconocer al Sindicato Nacional Minero. Por lo que ha presionado mandando a la calle a más de mil mineros.
Y no conforme con esto; indicó Fernández Noroña, Grupo México ha cumplido la amenaza de cerrar la Fundidora Esqueda, debido a que los trabajadores decidieron regresar al sindicato que dirige Napoléon Gómez Urrutia.
Expuso que pese al compromiso que hizo el secretario de gobernación Francisco Blake con el presidente de la Comisión de conflictos mineros, de traer a la cámara de diputados a los representantes de la empresa y dar solución definitiva al conflicto; hasta la fecha no se ha cumplido.
Sobre el saldo del enfrentamiento señaló que se encarcelaron a 26 personas, que fueron sujetas a proceso penal. Pero se liberaron a 3, que eran "esquiroles".
Denunció la violación de los derechos humanos de los detenidos y encarcelados en la prisión de Agua Prieta, ya que fueron esposados por más de un día.
En tanto que fue encarcelado asimismo un menor de edad; mismo que fue liberado cuando llegaron al lugar de los hechos los legisladores Pompa Corella y Gerardo Fernández Noroña.
Los cargos contra los 22 mineros consignados fueron por intento de asesinato. 21 se encuentran libres bajo fianza y uno más, Martín Salazar sigue en prisión sujeto a proceso penal.
La propuesta fue turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión social, para su análisis y virtual aprobación.
