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Tras aceptar que sobornó durante siete años a funcionarios de la empresa pública mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cambio de contratos, el gobierno de Felipe Calderón decidió demandar penalmente al grupo de robótica helvético-sueco.
México solicita el nombre de los funcionarios públicos implicados en esta red de corrupción. ABB declina revelarlos por el momento. Dos detenidos en EEUU y un yate asegurado en México constituyen el primer balance del caso.
Cuando ABB confirmó su disposición a pagar una multa por 57 millones de francos suizos al gobierno de Estados Unidos(30.09) -tras aceptar que su filial tejana había pagado sobornos a los gobiernos de México e Irak entre 1997 y 2004-, el gigante helvético de la automatización estimó que acababa de cerrar un capítulo.
No era así. En México, en realidad, acababa de abrir una nueva caja de Pandora. Seis días más tarde, el gobierno del conservador Felipe Calderón dio un giro al caso.
José Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública acusada directamente de recibir los sobornos y la principal proveedora de electricidad del país, confirmó que había interpuesto una denuncia penal contra ABB por cohecho.
Adicionalmente, presentó una denuncia civil por pago de daños y prejuicios al gobierno mexicano por la entrega de dinero a servidores públicos.
Pero más que una indemnización financiera, el gobierno mexicano busca la legitimidad perdida en un contexto donde crimen organizado e inseguridad han arrebatado el equilibrio al país.
Conocer el nombre de los culpables, para castigarlos, es una pieza clave del rompecabezas. Pero por el momento, ABB evita colaborar en este aspecto.
No era así. En México, en realidad, acababa de abrir una nueva caja de Pandora. Seis días más tarde, el gobierno del conservador Felipe Calderón dio un giro al caso.
José Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública acusada directamente de recibir los sobornos y la principal proveedora de electricidad del país, confirmó que había interpuesto una denuncia penal contra ABB por cohecho.
Adicionalmente, presentó una denuncia civil por pago de daños y prejuicios al gobierno mexicano por la entrega de dinero a servidores públicos.
Pero más que una indemnización financiera, el gobierno mexicano busca la legitimidad perdida en un contexto donde crimen organizado e inseguridad han arrebatado el equilibrio al país.
Conocer el nombre de los culpables, para castigarlos, es una pieza clave del rompecabezas. Pero por el momento, ABB evita colaborar en este aspecto.
ABB conserva la confidencialidad
El gobierno mexicano fue informado en 2005 sobre las ‘mordidas’ –término acuñado en México para describir esta clase de sobornos- pagadas a empleados de alto rango de la CFE, pero la administración de Vicente Fox Quesada, antecesor de Felipe Calderón y miembro del mismo partido (PAN), no fincó responsabilidad sobre nadie.
No obstante, a la luz de las evidencias presentadas por la Securities and Exchange Comisión (SEC) en el caso 1:10-cv-01648, los sobornos también fueron cobrados durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, político de oposición que actualmente se desempeña como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y como consejero de la Fundación Bill & Melinda Gates.
Consultada por swissinfo.ch sobre los nombres de los responsables, ABB declina ofrecer detalles. El grupo afirma no estar en posición de ofrecer información al respecto y remite al comunicado que emitió el pasado 30 de noviembre. Asimismo reitera su interés por que dichas prácticas no se repitan. El citado comunicado reconoce la culpa, pero no cita nombre alguno de los culpables.
No obstante, a la luz de las evidencias presentadas por la Securities and Exchange Comisión (SEC) en el caso 1:10-cv-01648, los sobornos también fueron cobrados durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, político de oposición que actualmente se desempeña como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y como consejero de la Fundación Bill & Melinda Gates.
Consultada por swissinfo.ch sobre los nombres de los responsables, ABB declina ofrecer detalles. El grupo afirma no estar en posición de ofrecer información al respecto y remite al comunicado que emitió el pasado 30 de noviembre. Asimismo reitera su interés por que dichas prácticas no se repitan. El citado comunicado reconoce la culpa, pero no cita nombre alguno de los culpables.
Pesquisas en curso
En México, ABB y el caso de corrupción que protagonizó, adquirió estatus de escándalo político y mediático. Ante la ausencia de testimonios por parte ABB –vitales para establecer responsabilidades-, el gobierno mexicano realiza sus propias pesquisas.
La Procuraduría General de la República (PGR), en su calidad de Policía Nacional, confirmó a swissinfo.ch que el pasado 30 de septiembre puso en marcha una investigación por cobro de sobornos en contra Néstor Moreno Díaz, antiguo director de operación de la CFE.
Precisó también que la propia CFE puso en alerta a la Procuraduría General de la República sobre este caso en noviembre del 2009, tan pronto recibió la notificación correspondiente de la SEC.
El problema central, explica la policía mexicana, es que en Estados Unidos la SEC centró el caso en la investigación de John Joseph O´Shea y de Fernando Maya Basurto, pero sus trabajos no revelan la identidad de los funcionarios mexicanos que aceptaron pagos ilegales.
No obstante, existe una lista de sospechosos preliminares, el más importante es el citado Moreno Díaz, “a quien aseguramos ayer (11.10) un yate marca Horizon con un valor de 1,8 millones de francos suizos”.
La PGR no lo confirmó, pero se sabe que existe también un Ferrari (300.000 francos suizos) propiedad de Moreno Díaz que es investigado.
Y por el momento, hay tres sospechosos más: Jorge Hernández, ex gerente de Informática y Telecomunicaciones en la CFE; Carlos Rovira Barker, ex jefe de Finanzas y Administración en la División Sureste de CFE; y Gustavo Salvador Torres, quien fungía como subdirector de Centro de Control de Energía hasta la semana pasada.
La Procuraduría General de la República (PGR), en su calidad de Policía Nacional, confirmó a swissinfo.ch que el pasado 30 de septiembre puso en marcha una investigación por cobro de sobornos en contra Néstor Moreno Díaz, antiguo director de operación de la CFE.
Precisó también que la propia CFE puso en alerta a la Procuraduría General de la República sobre este caso en noviembre del 2009, tan pronto recibió la notificación correspondiente de la SEC.
El problema central, explica la policía mexicana, es que en Estados Unidos la SEC centró el caso en la investigación de John Joseph O´Shea y de Fernando Maya Basurto, pero sus trabajos no revelan la identidad de los funcionarios mexicanos que aceptaron pagos ilegales.
No obstante, existe una lista de sospechosos preliminares, el más importante es el citado Moreno Díaz, “a quien aseguramos ayer (11.10) un yate marca Horizon con un valor de 1,8 millones de francos suizos”.
La PGR no lo confirmó, pero se sabe que existe también un Ferrari (300.000 francos suizos) propiedad de Moreno Díaz que es investigado.
Y por el momento, hay tres sospechosos más: Jorge Hernández, ex gerente de Informática y Telecomunicaciones en la CFE; Carlos Rovira Barker, ex jefe de Finanzas y Administración en la División Sureste de CFE; y Gustavo Salvador Torres, quien fungía como subdirector de Centro de Control de Energía hasta la semana pasada.
Los detenidos
Por el momento, de la red de corrupción que promovió la filial tejana de ABB se desprenden solo dos detenidos, ambos en EEUU.
Se trata del empresario John Joseph O´Shea, cerebro de la red de sobornos; y del mexicano Fernando Maya Basurto, quien operó como intermediario entre ABB y CFE durante el pago de los “impuestos del Tercer Mundo”, como confiesa este último que les llamaban.
Ambos fueron juzgados en noviembre de 2009 por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por los delitos de soborno a funcionarios públicos, falsificación de documentos y lavado de dinero, según confirmó en su momento Lanny A. Breuer, subprocurador de Justicia de la División Criminal de EEUU.
Pero en México, un país donde según Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, solo el 13% de los delitos son reflejados en las estadísticas porque el 87% restante no se denuncia, debido a la desconfianza que genera en la población su propia policía, el camino para encontrar a los culpables de corrupción de la CFE luce aún escarpado.
Se trata del empresario John Joseph O´Shea, cerebro de la red de sobornos; y del mexicano Fernando Maya Basurto, quien operó como intermediario entre ABB y CFE durante el pago de los “impuestos del Tercer Mundo”, como confiesa este último que les llamaban.
Ambos fueron juzgados en noviembre de 2009 por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por los delitos de soborno a funcionarios públicos, falsificación de documentos y lavado de dinero, según confirmó en su momento Lanny A. Breuer, subprocurador de Justicia de la División Criminal de EEUU.
Pero en México, un país donde según Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, solo el 13% de los delitos son reflejados en las estadísticas porque el 87% restante no se denuncia, debido a la desconfianza que genera en la población su propia policía, el camino para encontrar a los culpables de corrupción de la CFE luce aún escarpado.
