Redacción
Ernestina ÁlvarezDesde las Naciones Unidas llaman a México a fortalecer el estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia creando un sistema de justicia sólido e independiente ya que el país vive una situación crítica por el narcotráfico que pone al trabajo de jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores y abogados en riesgo porque el crimen busca infiltrarse en las instituciones de justicia, afirmó Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.
Al concluir su visita oficial a la nación, pidió al Estado mexicano desaparecer la figura del arraigo y el papel de los testigos protegidos pues pueden generar mayor inseguridad.
“Se debe sí desaparecer con el arraigo, los testigos protegidos es importante mencionar que hay que tener mucho cuidado para que no se genere una situación de inseguridad de la condición de la prueba. Sobre el “michoacanazo” me encantaría decir que todo lo que pasa en un proceso debe ser resuelto en las rejillas legales”.
Sobre el caso del “michoacanazo” llamó a que evitar manifestaciones públicas y que pondere la impartición de justicia.
En el informe señala que se debe crear una “gran” reforma de justicia que regule el fuero militar porque las víctimas o sus familiares no tienen acceso al amparo y llama a que quienes sean agredidos por los castrenses puedan acudir a un recurso judicial efectivo.
“Me ha permitido constatar que el fuero militar sigue conociendo de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares, aún y cuando la víctima sea un civil.
“Según información que me ha sido proporcionada se estaría discutiendo al interior del poder ejecutivo excluir del fuero militar solamente los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, si bien ello supondría un avance llama la atención que otros crímenes igualmente graves como por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales no quedarían excluidos”.
Por último destacó que el problema toral en la justicia mexicana es la falta de autonomía del Ministerio Público ya que este mal desempeño mina la confianza y credibilidad de la autoridad, así como garantizar en lo particular la una reforma penal para adolescentes y la justicia económica y social que padecen sobre todo los más pobres e indígenas.
