miércoles, 13 de octubre de 2010

Terrorismo económico en Juan Galindo

Plaza de la Democracia
13 de octubre de 2010
Mientras los dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática , corriente (muy corriente) chuchista, se esmeran en justificar a sus aliados de Acción Nacional que han llevado al país a la ruina, por otra parte el presidente municipal de Juan Galindo, una población de aproximadamente diez mil personas, acusa a las secretarías de Desarrollo Económico, del Trabajo y Competitividad del gobierno del Estado, de no presentar propuestas para activar la economía de la zona, afectada por el despi
do de poco más de 800 trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que operaba la hidroeléctrica Necaxa. 
Luis Gerardo Martínez Gómez, alcalde de la población mencionada, viene proponiendo en diferentes estancias gubernamentales, promover el ecoturismo aprovechando que la región cuenta con excelentes paisajes, la hospitalidad de los lugareños, y una zona de albergues donde pernoctaban invitados de la compañía e ingenieros que supervisaban la hidroeléctrica, enclavada en la sierra poblana, desde 1904; la primera en América Latina, ocupando a trabajadores de: Canaritas, Tenango, Patoltecoya, Xicotepec, Papatlazolco y San Miguel. 

Aproximadamente 200 de los 800 trabajadores activos que tenía la hidroeléctrica, no han aceptado las liquidaciones que ofreció la Secretaría Federal del Trabajo que preside el funcionario panista Javier Lozano Alarcón, ex diputado federal del PRI. Hasta el 11 de octubre de 2009, fecha en que la fuerza pública ocupó todas las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en Necaxa había mil 700 electricistas, 900 de ellos jubilados que entregan el tres por ciento de sus ingresos para sostener un comedor comunitario y para paliar las necesidades de los 200 que están resistencia contra el decreto del presidente Felipe Calderón Hinojosa que extinguió la empresa eléctrica. 

Según un manifiesto que publicó el lunes 11 de octubre del presente año, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el decreto presidencial tenía como objetivo acabar con una empresa propiedad de la nación para dar paso a la privatización de la industria eléctrica y entregar -también de paso-, a particulares miles de kilómetros de fibra óptica construida con recursos públicos. 

Pasando por encima del orden constitucional, dice el SME, Lozano Alarcón y Felipe Calderón, “se llevaron entre las patas, a una empresa pionera en la prestación del servicio eléctrico; destruyeron las cadenas productivas del ramo; lesionaron severamente la actividad productiva social y cultural de los habitantes de la principal zona económica del país y afectaron gravemente los bolsillos de millones de mexicanos de la ciudad de México y su zona conurbada”. Parte de esa zona -se podría agregar- son las localidades de la sierra norte de Puebla donde se ubica la hidroeléctrica Necaxa. 

Hace un año, el presidente Calderón y su secretario Lozano Alarcón, para justificar el decreto de extinción, sostenían: el pasivo laboral del LFC es de 240 mil millones de pesos; la empresa demanda cada año más y más recursos; en 2009 se aplicaron 41 mil millones; las tarifas solo producían pérdidas. 

Ambos personajes, de la truhanería política, omitieron señalar que la empresa en extinción compraba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el kilowatt-hora a un peso 53 centavos y lo vendía a los industriales, por disposición presidencial, a 89 centavos. La pareja omitió informar que los salarios y prestaciones de 44 mil trabajadores, representaban menos del siete por ciento de los costos de operación. 

Rómulo y Remo, de la loba nacional, también se reservaron decir que la mayoría de los consumidores no comerciales pagaban a un peso 20 centavos el kilowatt-hora, y que la hacienda pública, en tres ocasiones, condonó a CFE, a petición de su entidad sindical, la deuda acumulada. 

Mientras el SME convoca a movilización de sus agremiados, entre ellos los 200 de Juan Galindo, una cajera de la CFE , María Elena Guerrero, desde el penal de Santa Martha Acatitla, ayer en el noticiero de Carmen Aristegui, denunció a las autoridades de esa comisión por robo de 308 millones de pesos. La denunciante formaba parte de la plantilla laboral bajo indicaciones de Néstor Moreno Ruiz, connotado panista, que es investigado por corrupción por el gobierno de los Estados Unidos. 

Así las cosas y solo los chuchos-perredistas, entre ellos, Miguel Ángel de la Rosa Esparza , de procedencia marinista, sale en defensa del gobierno conservador que ha mandado a la resistencia laboral a 200 trabajadores de Necaxa y al terrorismo económico a la región de Juan Galindo.